Claudia Jiménez – Perfil de una Activista

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Por  Edgardo Cervano-Soto

En 2015, su nombre apareció de repente en los artículos de noticias acerca de la designación de un nuevo candidato para el Concejo de la Ciudad de Richmond. En los medios de comunicación, Claudia Jiménez, de 37 años, estaba aún por definirse, solamente conocida por su trabajo con la Organización Interreligiosa de Apoyo a la Comunidad de Contra Costa (CCISCO). Como mínimo, Jiménez, que en ese momento no estaba afiliada a la Alianza Progresista de Richmond, fue descrita como una candidata “cortina de humo”. Y mientras que Jiménez no recibió suficientes votos del Concejo de la Ciudad de Richmond para apoyar su nominación y pareció aparecer de la nada, ella trajo partidarios consistentemente, muchos de ellos residentes monolingües de habla hispana de Richmond, a las audiencias de los candidatos al concejo. Jiménez tenía un fuerte historial que prácticamente pasó ignorado en el debate público.

“La única persona que fue capaz de decir públicamente todos mis credenciales y leer mi hoja de vida fue Jovanka Beckles”, recuerda Jiménez en una entrevista reciente con el Pulse en una café. Jiménez lleva cuadernos (los bordes curvados del uso), un laptop y su teléfono celular siempre presente en su mesa. Le preguntó a Claudia cómo acumuló tanto apoyo comunitario para animarla en el Ayuntamiento durante el proceso de nominación.

“En mi primer año en CCISCO, fui capaz de detener seis deportaciones”, dice ella. “Muchos de los líderes con los quienes trabajo, ellos se emocionaron. Me dijeron: ‘Usted sería nuestra voz’. Ellos entendieron que ponerme allí en el consejo no fue como Claudia Jiménez, sino como una persona que va a estar con ellos”.

Jiménez se unió a CCISCO en 2009. En su primera campaña, trabajó con el Departamento de Policía de Richmond para crear nuevas políticas de remolque para evitar la pérdida de autos si conductores indocumentados eran detenidos durante paradas de tráfico. A conductores indocumentados se les quitaron sus carros, y tuvieron que pagar $500 a $3.000 para obtenerlos de nuevo, dice Jiménez. “Cuando se tiene familia y no hay buen transporte público, se depende de un carro para su sustento”, dice ella. Fue una victoria de alta prioridad que alivió las preocupaciones de la comunidad indocumentada.

En el marco del programa de Comunidades Seguras, los inmigrantes indocumentados que fueron detenidos por la policía local podrían ser transferidos a los oficiales federales de inmigración. “Una violación menor terminaba siendo una consecuencia mayor para las personas indocumentadas; pensamos que el castigo era demasiado alto”, dice Jiménez, quien dice que el programa creó desconfianza entre la policía y la comunidad indocumentada.

Jiménez comenzó a trazar los vínculos entre el ser indocumentado y el encarcelamiento en masa. Esto resultó en una de las campañas principales de Jiménez: detener la expansión de la cárcel del Condado de Contra Costa.

En 2012, el estado ordenó que las cárceles del condado absorbieran los delincuentes de delitos menores a través de la realineación. Mientras que la población penal estaba cambiando del estado al condado, el objetivo principal de la realineación era romper la reincidencia, la probabilidad de que una persona ex convicta podría volver a la cárcel. La realineación también destinó fondos hacia la salud mental, la rehabilitación y servicios de colocación para los recientemente liberados.

 “Lo que vimos, y lo que sigue ocurriendo, es que más de ese dinero [se destina al] sheriff, la libertad condicional, y al fiscal del distrito, mientras que muy poco va a los servicios para la comunidad”, dice Jiménez. “El sheriff quería expandir la cárcel y tenía la intención de utilizar el dinero de realineación para construir más”.

 Jiménez, CCISCO, y el equipo del Proyecto Retorno Seguro vencieron la primera proposición por el Sheriff de Contra Costa en 2012. En el verano de 2015, el sheriff intentó por tercera vez utilizar los fondos de realineación para expandir la cárcel del condado, pero fue derrotado por los esfuerzos en contra del encarcelamiento en masa de la comunidad.

“En general, él puede hacer lo que quiera con el dinero porque es un funcionario elegido, pero esto se trata de ser transparente”, dice Jiménez.

Otra gran campaña en que estaba involucrada con CCISCO fue presionando a la Universidad de Berkeley a aceptar un acuerdo de beneficios comunitarios para el proyecto del propuesto Campus Global de la Universidad de Berkeley en Richmond. Se espera que el propuesto campus creará puestos de trabajo locales durante su construcción y elevará el perfil de Richmond en el sector de la tecnología de la bahía de San Francisco. Pero los críticos advierten que podría dar lugar al desplazamiento de residentes de bajos ingresos de Richmond, que no pueden pagar el aumento del costo de vida que el campus activaría.

“Lo que vimos fue que la Universidad de Berkeley no tenía ninguna voz de la comunidad en ese plan. ¿Cómo se considerará la visión de la comunidad?”, pregunta Jiménez.

Durante su tiempo en CCISCO, la coalición ayudó a formar un grupo asesor. El pasado marzo, el grupo de trabajo presentó sus recomendaciones para el acuerdo de beneficios para la comunidad de la Universidad de Berkeley.

Una arquitecta de profesión, Jiménez llegó por primera vez al poder del diseño participativo – cuando la comunidad participa en la planificación del desarrollo – en su Colombia natal. En 1996, Jiménez, entonces una estudiante de la universidad, ayudo a fundar una organización que promueve la vivienda asequible y sostenible en el sur de Colombia. Un colectivo de artistas, arquitectos y activistas progresistas, la organización se dispuso a construir casas para los pueblos locales con poca infraestructura como resultado de la guerra civil de Colombia. En 1999, una inundación destruyó la vivienda de un pueblo agrícola cerca de Calí, Colombia. Durante tres años, Jiménez y su grupo, financiaron, diseñaron, y construyeron 50 unidades de vivienda subvencionadas.

“Yo estaba a cargo de organizar las familias por habilidad y pensando cómo cada una podía apoyar la construcción. Vivíamos allí, y se convirtió en mi método de hacer el trabajo de organización”, dice Jiménez. Según Jiménez, el diseño participativo, no se enseñó en las escuelas. Más bien, se desarrolló orgánicamente.

“Mi habilidad como arquitecta la obtuve de la universidad, pero mi vocación – la forma en que pienso y veo el mundo, mi visión de lo que quiero – he aprendido de estar en estos espacios con amigos que tenían una enorme experiencia trabajando con las comunidades, trabajando con la gente, y viendo la pobreza y lo difícil que es”.

En 2005 se mudó a los Estados Unidos. En 2011, se graduó de la Universidad de Berkeley con una maestría en diseño ambiental y una especialización en la planificación regional.

Jiménez es ahora una coordinadora principal de la Coalición para la Justicia Racial del Condado de Contra Costa, que se lanzó en 2013. Sus objetivos incluyen la eliminación de las disparidades raciales en la justicia criminal, la realización de entrenamiento anual obligatorio de sesgos implícitos para todos los empleados del Condado de Contra Costa, y poner en marcha comisiones de revisión policial ciudadanas.

Jiménez también es miembro del comité directivo de la Alianza Progresista de Richmond, a la cual se incorporó durante la fase de reestructuración de la organización. Ella ayudó a reclutar diversos residentes jóvenes de Richmond, así como ampliar las plataformas de RPA. Jiménez dice que está emocionada por esta próxima fase de su carrera, y optimista del futuro de Richmond.

“Muchas personas en todo el país están mirando lo que está sucediendo en Richmond”, dice Jiménez, “y la gente está impresionada porque es real”. •

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