La Regla de Carga Pública No Se Ha Finalizado – Defensores Urgen que Continúen Inscritos a Servicios que Estén Recibiendo

Por Mark Hedin, Ethnic Media Services | Image via istock

El 22 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional anunció planes para cambiar drásticamente los términos bajo los cuales se prohíbe que ingresen al país u obtengan residencia legal las personas que considere que probablemente dependerán de servicios de apoyo del gobierno.

La nueva propuesta ampliaría los factores que el gobierno usará para considerar a alguien como un riesgo de convertirse en carga pública, que actualmente se limita a aquellos que probablemente necesiten ayuda en efectivo, definida como asistencia social o atención institucionalizada a largo plazo.

Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional propone descalificar también a aquellos que probablemente necesiten asistencia de vivienda, Medicaid que no sea de emergencia, Medicare Parte D (ayuda con recetas) o ayuda nutricional como cupones de alimentos, dijo Erin Quinn, abogada del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC, por sus siglas en inglés) en San Francisco.

La noticia de los cambios pendientes ha sacudido a la comunidad inmigrante, y muchos consideran la posibilidad de retirarse rápidamente de los programas de beneficios para proteger sus solicitudes de residencia legal o la posibilidad de que los miembros de sus familias puedan presentar una solicitud.

Para hacer frente a estas preocupaciones, este 27 de setiembre el ILRC organizó una teleconferencia coordinada por Ethnic Media Services para hablar acerca de los cambios propuestos, a quién es más probable que afecten y qué medidas podrían ser prudentes (o imprudentes) tomar con anticipación.

Junto a Quinn, en la llamada de una hora, estuvieron Wendy Cervantes de CLASP (Centro de Derecho y Política Social) de Washington, DC; María González, de Cuidado de Salud para Todos de Boston; Karlo Ng, del Proyecto Nacional de Leyes de Vivienda en San Francisco; y Amanda Lugg, del Comité de Servicios para Africanos de Nueva York.

El impacto del cambio propuesto a esta regla sería significativo. Según el Instituto de Política Migratoria, 2,3 millones de los 4 millones de los no ciudadanos legalmente presentes, que llegaron durante los últimos cinco años, podrían estar en riesgo de ser determinados como “carga pública” (un incremento del 3% actual), dijo Sara Feldman, del ILRC, en los comentarios de introducción.

“Las leyes de inmigración son muy complejas. Es mejor pensar en ello caso por caso”, dijo Quinn, e instó a las personas a consultar con un abogado de inmigración acreditado antes de detener cualquier servicio que estén recibiendo.

“Es realmente importante que las familias obtengan los servicios que necesitan ahora y no se preocupen por el especulativo posible impacto de usar esos beneficios en el futuro”.

 “Incluso si se promulgara tal como está escrita, esperamos que cualquier cambio estará muy lejos en el futuro”, dijo Quinn, e incluso una vez que estén establecidos –si alguna vez lo están— serán “prospectivos”, no retroactivos.  Esto significa que las personas no serán juzgadas por los beneficios que puedan haber recibido antes de que las reglas cambien, sino por sus necesidades en el futuro.

Quinn dijo que los cambios en la política aparecerán al intentar ingresar a los Estados Unidos y al solicitar una tarjeta verde para la residencia permanente legal.

“Los residentes permanentes que buscan naturalizarse NO se verán afectados”, dijo.

Ella recomendó el recurso del sitio web de ILRC “Ready California” (https://ready-california.org/#1) para aquellos interesados ​​en cómo prepararse para las nuevas regulaciones.

Amanda Lugg, del Comité de Servicios para Africanos, también instó a las personas a obtener asesoramiento legal profesional antes de realizar cualquier cambio, y les recomendó repetidamente que no actuaran solo con el asesoramiento y opiniones de vecinos u otros conocidos que no son profesionales.

Por ejemplo, Karlo Ng, del Proyecto Nacional de Leyes de Vivienda, dijo que hay una variedad de distinciones que la ley hará en torno a las diversas formas de vales de vivienda de la Sección 8. Aquellos a nombre del dependiente de un solicitante de inmigración, por ejemplo, no contarán contra el solicitante.

Y algunas personas que encajan en ciertas categorías particulares, como las víctimas de crímenes o aquellas que buscan escapar de la violencia doméstica, estarían exentas de los cambios.

Los cambios de reglas propuestos otorgan a la administración “enorme discreción” para determinar si alguien cumple con el estándar de carga pública. Los factores negativos que podrían aplicar incluyen ser una persona de la tercera edad o menor de edad, tener dominio limitado del inglés, mala salud o tener un ingreso familiar inferior al 250% de la línea de pobreza: $63.000 anuales para una familia de cuatro, un nivel que 40% de las personas nacidas en EE.UU. no cumplirían, dijo Cervantes.

“Millones de familias se verán afectadas si esta regla se aprueba… De hecho, el Departamento de Seguridad Nacional y la regla misma señalan que resultaría en mayor pobreza y peores resultados de salud para ciertas familias, incluidos los niños estadounidenses”.  

 “La regla propuesta tendría un impacto perjudicial en la estabilidad de vivienda de millones de familias inmigrantes”, dijo Karlo Ng. Los programas federales de vivienda ayudan a las familias inmigrantes que están “a un paso de quedarse sin vivienda”.

 Los inmigrantes con discapacidades, condiciones de salud crónicas, una condición médica que requiere un tratamiento extenso y sin seguro de saludncontrarían todos esos factores negativos muy en su contra, según las nuevas reglas propuestas.

Con temor a un efecto negativo a las esperanzas de obtener su la residencia, Lugg dijo que sus clientes ya se sienten reacios a aceptar vales de vivienda o usar medicamentos antirretrovirales para combatir el VIH.

Los cambios en las reglas propuestas amenazan con revertir los años de trabajo y el progreso arduamente logrado para combatir el SIDA y “abrirle las puertas” a esta “prohibición de facto” de las personas que tienen VIH que fue superada en el 2010, dijo Lugg.

A corto plazo, nada sucede hasta que los cambios propuestos se publiquen en el Registro Federal como una notificación de Aviso de la Reglamentación Propuesta (NPRM, por sus siglas en inglés), que podría suceder en las próximas semanas. Una vez que se publique, el público tiene 60 días para comentar.

El Departamento de Seguridad Nacional está obligado a considerar esos comentarios e incluir respuestas a dichos comentarios en su redacción final de las reglas. El proceso podría tomar meses o años para finalizarse, dijo Quinn.

Después de eso, hay otros 60 días antes de que las reglas entren en vigencia.

Lugg dijo que la Campaña Para la Protección de Familias Inmigrantes (Protecting Immigrant Families Campaign) espera recibir 100.000 comentarios públicos sobre el tema. Esos comentarios deben hacerse en inglés y deben ser uno por persona: escribir algo para que otros se adhieran a ese comentario solo contará como un comentario, dijo Lugg, y “necesitas contar una historia de cómo tú o alguien que conoces se vería afectado”.

“Tenemos la oportunidad de defendernos”, dijo Lugg, “y vamos a ganar. Cuando esta administración ha ido demasiado lejos, como lo ha hecho antes y como lo ha hecho con esta regla, hemos visto al pueblo estadounidense contraatacar. Lo hemos visto con la prohibición a viajar. Lo hemos visto con la política de separación de niños. Y ahora lo veremos con esta regla sobre carga pública, que está en borrador”.

Así que Quinn advirtió en contra de cancelar los beneficios, ya que habrá tiempo suficiente “para dar aviso a los miembros de nuestra comunidad si necesitan cancelar sus servicios”.

No Comments

Post A Comment

Enjoy our content?
SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER
JOIN TODAY