Poblaciones Vulnerables Siguen Excluidas de la Reforma de Justicia Penal

Entrevista, Dr. Joseph Marshall

La Ley del Primer Paso, un proyecto de ley bipartidista que se promulgó justo antes de Navidad, se considera una legislación histórica de reforma de justicia penal. Pero mientras que la ley trae cambios tan esperados, a una persona le preocupa que pueda ser una reforma dirigida en la dirección equivocada. Keith Watley, fundador y director ejecutivo de UnCommon Law, dice que si bien se beneficiarán miles de personas, le preocupan sus exclusiones. Habló con el Dr. Joseph Marshall, anfitrión de Street Soldiers en la radio 106 KMEL.

Dr. Joseph Marshall: Supongo que la pregunta inicial es, ¿qué impulsó esto y de dónde provino este apoyo bipartidista? De su mejor comprensión, ¿qué está pasando aquí?

Keith Watley: Creo que es realmente importante reconocer el arduo trabajo realizado por algunos de los partidarios y autores de este proyecto de ley, específicamente, Van Jones y Jessica Jackson Sloan, cuya organización, Cut 50, busca reducir la población carcelaria en un 50 por ciento. Su objetivo es reducir el encarcelamiento masivo, una tarea enorme para esta administración, pero Van y su grupo han encontrado aliados en los lugares más inesperados, hablando un idioma que quizás el resto de nosotros no hemos encontrado. Incluso ha sido difícil lograr que la gente hable sobre estos temas, pero aprobar un proyecto de ley en este clima es una hazaña.

JM: ¿Cuál fue el interés en esto para las personas que generalmente son de mano dura al crimen?

KW: Tengo mis propios pensamientos. Uno es que, mientras las personas se quejan de los grandes gobiernos y estructuras gubernamentales derrochadoras, se pasa por alto a la población carcelaria. Ignoramos que falla en casi todo, excepto aislar a las personas de sus familias y la comunidad. No ayuda a nadie a cambiar sus vidas.

Cuando las personas son liberadas de prisión, pero regresan a tasas de 60 y 70 por ciento, pero estamos gastando más en estas instituciones, entonces es fácil ver dónde están los desperdicios. Eso le llega a las personas que son fiscalmente conservadoras. Es difícil para ellos reconciliar esas cifras cuando dicen: “No queremos desperdiciar el dinero del gobierno”.

El proyecto de ley también parece estar diseñado de manera que transfiere las ganancias dentro de las compañías que manejan las prisiones privadas a las sucursales de sus corporaciones que operan con monitoreo electrónico y de GPS y operaciones de apoyo a la detención en el hogar. Sigue pagando a las mismas personas, solo pagándoles para que hagan algo diferente.

DM: Lo primero que dice el proyecto de ley es que sus reformas serán retroactivas bajo la Ley de Sentencias Justas, que redujo la disparidad entre el crack y la cocaína en polvo a nivel federal. Era de 100 a 1, luego se redujo de 18 a 1. ¿Sabes cuáles son los niveles ahora, por este proyecto de ley?

KW: Este proyecto de ley hizo ese cambio retroactivo, lo cual es una pieza significativa. Sin embargo, es una de las pocas piezas retroactivas de este proyecto de ley.

JM: A continuación, dice que el proyecto de ley toma varios pasos para aliviar las sentencias mínimas obligatorias, ayuda a los jueces a evitar dictar sentencias mínimas obligatorias, facilita la ley de tres delitos mayores, restringe las prácticas actuales de amontonar los cargos de armas contra los delincuentes de drogas y aumenta “créditos de buen tiempo”.

KW: Si le da a los jueces más discreción en la distribución de sentencias, incluso a aquellos que tienen un mínimo obligatorio. Para algunos, en realidad reduce lo que es ese mínimo, incluso si no es tanto como nos gustaría.

En cuanto a reducir el encarcelamiento en masa, no afecta a nadie que ya esté en prisión.

JM: ¿Entonces esto afectaría a las personas que podrían ser sentenciadas en el futuro?

KW: Sí. Ahora, la idea detrás de los créditos que reducen el tiempo es que crea un incentivo y una oportunidad para que las personas participen en los tipos de programas en prisión que pueden hacerles menos propensos a regresar después de su liberación. Proporciona fondos para esos programas, lo que les permite a las personas acortar su tiempo en la prisión. Permite un mayor uso de la vivienda de transición y la detención domiciliaria y el monitoreo electrónico en lugar del encarcelamiento tradicional.

Hay otras piezas positivas, incluyendo que impone una prohibición legal de amarrar a las mujeres durante el parto, lo cual es un gran problema.

JM: Es difícil creer que incluso estén haciendo eso.

KW: Ha habido una prohibición de esta práctica por política, pero no por ley. Esto lo convierte en una ley. Cut 50 realmente se ha comprometido a brindar más dignidad a un momento de lo más atemorizado de la vida de una madre.

Otra cosa que creo que es positiva es que alienta, si no lo requiere, a que las personas estén más cerca a sus comunidades de origen para facilitar las visitas con familiares.

JM: Ahora cuéntanos por qué crees que este proyecto de ley no va lo suficientemente lejos y qué debe estar aquí.

KW: Una de las mayores preocupaciones es que excluye a las personas que han sido condenadas por los delitos más graves al continuar una narrativa falsa de que estas personas son fundamentalmente diferentes de las demás. Simplemente no es cierto. Existe una cierta ironía en este proyecto de ley porque impide que quienes son condenados por los delitos más graves reduzcan sus sentencias al participar en los programas que, según el proyecto, son esenciales para una reforma inteligente de la justicia penal.

No es que se excluyan todos los delitos violentos, pero sí se consideran los más violentos. Creo que el mayor desafío fue convencer a las personas de la derecha de que se estaba excluyendo a suficientes personas. Les preocupaba que demasiadas personas tuvieran un camino a casa.

Mi experiencia es que las personas que cometen delitos violentos no solo tienen algunos de los mismos factores que contribuyen a sus delitos como aquellos que cometen delitos no violentos, sino que también tienen la mejor capacidad para cambiar sus vidas dramáticamente y luego ayudan a otros a evitar la violencia.

También excluye a las personas indocumentadas que se encuentran en una prisión federal, un gran segmento de la población.

Otra cosa es que esto pretende abordar el encarcelamiento masivo, pero solo afecta a las personas dentro de la prisión federal.

JM: ¿Cuántas personas es eso?

KW: Menos del 10 por ciento de la población carcelaria de los Estados Unidos. No afecta a las personas que están en una prisión estatal o en las cárceles del condado, que es la cantidad abrumadora de personas que están encarceladas.

Por lo tanto, excluye a las personas condenadas por ciertos delitos violentos, a quienes están indocumentados, y a quienes de otro modo, se encuentran en un riesgo demasiado alto por este algoritmo informático.

JM: ¿Dijiste algoritmo de computadora?

KW: Hacen una prueba para predecir el riesgo de alguien. Los de alto riesgo no reciben los créditos. Combinado con el monitoreo electrónico, realmente implica este problema de encarcelación-electrónica.

Estas empresas privadas que tienen un motivo de lucro para mantener a más personas bajo una vigilancia más estricta mantienen los contratos de monitoreo electrónico. Michelle Alexander se refiere a esta encarcelación- electrónica como la próxima generación de control racial y social, que en sus palabras podría resultar más peligrosa y difícil de desafiar que la que esperamos dejar atrás.

Es un aspecto realmente peligroso de este proyecto de ley que no ha recibido suficiente atención.

JM: Se llama Primer Paso y eso te hace pensar que habrá un segundo o un tercero. ¿Crees que habrá más reformas?

KW: Estoy seguro de que esa es la intención de personas como Van Jones y Jessica Sloan. Solo quiero asegurarme de que no sigan haciendo compromisos que marginen aún más a las poblaciones vulnerables.

Esta entrevista ha sido editada para mayor claridad.

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