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El Plan para Cerrar el Centro de Detención de Menores Recibe Reacción Variada de la Junta de Supervisores

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Por Edward Booth

El plan de la fiscal de distrito del condado de Contra Costa de cerrar el centro de detención de menores del condado para 2021 recibió elogios y críticas de los supervisores del condado en una audiencia de 12 horas sobre el presupuesto departamental el 4 de agosto.

Más temprano en el día, la fiscal de distrito Diana Becton envió un comunicado de prensa diciendo que estaba formando un grupo de trabajo para volver a imaginar la justicia juvenil. El grupo de trabajo, según el comunicado, estará formado por representantes de la comunidad y los departamentos del condado y dará recomendaciones a la junta sobre cómo cambiar el sistema de justicia penal juvenil a través de “soluciones restaurativas basadas en la comunidad”. El enfoque inicial del grupo de trabajo será desarrollar un proceso para cerrar el centro de menores en Martínez para 2021, según el comunicado.

“La delincuencia juvenil ha disminuido constantemente durante los últimos veinte años, lo que refuerza la conclusión de que alejarse del encarcelamiento de jóvenes es lo mejor para la rehabilitación, la seguridad pública y la responsabilidad fiscal”, escribió Becton en el comunicado de prensa.

Becton continuó escribiendo que el condado no debería cerrar la Instalación de Rehabilitación Juvenil Orin Allen, también conocida como Byron Boys Ranch, hasta que el grupo de trabajo haya hecho sus recomendaciones a la junta. El rancho es una instalación de rehabilitación alternativa rural de 50 acres para niños que han cometido delitos no violentos y han sido asignados allí por el Tribunal de Menores.

El comunicado de prensa fue leído a la junta por la fiscal adjunta de distrito Venus Johnson antes de presentar el presupuesto de la fiscalía.

La supervisora Candace Anderson dijo que no había habido ningún aporte de la junta sobre el grupo de trabajo, y calificó el comunicado de prensa como una “bofetada en la cara” a la oficial jefe de libertad condicional Esa Ehmen-Krause, que supervisa tanto el rancho como el centro de menores.

La supervisora Karen Mitchoff dijo que comenzar una presentación de presupuesto con un comunicado de prensa no era apropiado. También dijo que el condado hace un trabajo fabuloso al desviar a los jóvenes y que es injusto que la fiscal diga que el costo anual promedio por niño encarcelado en el centro de menores es $473,000, considerando que la población de la instalación ha disminuido significativamente con el tiempo.

La supervisora Diane Burgis dijo que le había preguntado a la oficina del administrador del condado sobre los costos en cada instalación. En el centro, dijo, el costo por menor es de aproximadamente $456,876, mientras que en el rancho, el costo es de aproximadamente $487,546. El administrador del condado, David Twa, dijo que esas cifras provienen de dividir el costo total de las operaciones en ambas instalaciones por la cantidad de menores presentes.

Los supervisores John Gioia y Federal Glover, ambos citados en el comunicado de prensa de Becton, apoyaron su propuesta. Gioia dijo que él y Glover fueron con el oficial jefe de libertad condicional a visitar el centro de menores y el rancho hace unas semanas.

Gioia dijo que le había sorprendido saber que había planes para cerrar el rancho y preparar el centro de menores para esos jóvenes adicionales. Esto había sucedido, dijo Gioia, porque los funcionarios del condado habían tomado una decisión tentativa sin la aprobación de la junta. Preguntó cuál era la diferencia entre eso y el comunicado de prensa de la fiscal del distrito.

Después en la reunión, Ehmen-Krause dijo que su oficina propone eliminar el Rancho Orin Allen en 2022 y colocar el programa en el centro de menores, debido a la disminución de la población y los costos de mantenimiento del rancho. Ella dijo que el espacio propuesto en el centro de menores obviamente no sería comparable a los 50 acres de espacio abierto en el rancho, pero creía que muchos de los aspectos del centro de menores harían que la transición del programa fuera un éxito.

Ehmen-Krause dijo que no había podido revisar el comunicado de prensa de la fiscal hasta el lunes por la noche y compartió sus preocupaciones con la fiscal del distrito el martes por la mañana. Dijo que el anuncio la tomó por sorpresa porque no había habido discusión sobre el cierre del centro de menores.

Ehmen-Krause también dijo que era engañoso decir o insinuar que el rancho tiene una tasa de reincidencia más baja que el centro de menores porque el condado no conoce la tasa de reincidencia de ninguno de sus programas. Esto se debe a que el condado no tiene un sistema de gestión de casos, dijo, el cual está trabajando para establecer. El rancho también tiene un historial de fugas, incluidas nueve desde agosto de 2019 hasta el presente, dijo.

La mayoría de las personas que hablaron sobre el tema durante el comentario público apoyaron el plan de la fiscal de distrito para cerrar el centro de menores.

Elisa Kang, residente de Richmond y organizadora comunitaria de la Asociación de Enfermeras de California, dijo que la junta debería priorizar los fondos que elevarían a los jóvenes, no encarcelarlos.

Jonathan Laba, supervisor de unidades juveniles en la oficina del defensor público, dijo que la junta no debería remover el rancho antes de que la conversación sobre imaginar el sistema de nuevo hubiera ocurrido. Dijo que era preocupante que algunos quisieran expandir el centro de detención de menores, lo que dijo es malo para la salud física y mental de los jóvenes, así como para el desarrollo mental.

“El centro de menores es una cárcel de menores. No es un dormitorio benévolo como escuché a algunas personas referirse hoy”, dijo Laba. “Está hecho de hormigón y acero, vallas y celdas”.

Eddy Chacón, coordinador de justicia juvenil del Centro RYSE en Richmond, dijo que después de tener conversaciones con personas que habían estado encerradas tanto en el centro de menores como en el rancho, pudo ver que las experiencias en el centro fueron mucho más traumáticas y deshumanizantes a la larga. Hizo un llamado a la junta, y a otras personas en el poder, a usar su privilegio y poder para crear oportunidades para los jóvenes negros, latinos y LGBTQI.

“No olvide que los niños y los jóvenes son seres humanos que a veces están equivocados, pero necesitan una sanación real impulsada por el amor y no por medidas punitivas como el encarcelamiento”, dijo Chacón.

La junta no hizo ningún movimiento para dirigir al personal sobre el tema. Gioia y Glover sugirieron que la fiscal y la oficial jefe de libertad condicional trabajen juntas, mientras que Anderson dijo que quería que las decisiones con respecto al centro de menores estuvieran principalmente en manos de Ehmen-Krause.

El cierre de cualquiera de las instalaciones no se refleja en el presupuesto, por lo que la junta pasó del tema. El presupuesto volverá a presentarse ante la junta este martes y la aprobación final está programada para el 15 de septiembre.

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